Minuta reunión general (29 de junio)

Minuta reunión 29 de junio, 2010

1.      Evaluación de la reunión

-          Aspectos positivos: Buena convocatoria, puntualidad de los asistentes, buena organización y participación, se reflejó “lo ciudadano” de la propuesta;
-          Aspectos a reconsiderar:
Definición de los ejes, de acuerdo con las conclusiones la perspectiva que se les dio en dos de las mesas parece que fueran ambiguos. Falta definir una diferencia más clara entre Parque Cultural y Centros Integrales Comunitarios, se planteó que tal vez pudiesen realizarse los centros comunitarios en una primera fase y el parque para un segundo momento; se observó lo mismo con el concepto “sanación”, parece no ser muy claro para identificar plenamente el rumbo que se deba seguir para encaminar este eje; se mencionó que tal vez sea necesario que los integrantes o interesados en cada eje vuelvan a juntarse en comisiones para trabajar en este sentido, darle claridad a las propuestas resultantes en cada una de las mesas.
Hubo consenso respecto de la necesidad que tenemos de ir delegando responsabilidades para el trabajo de cada uno de los ejes, para el efecto de ir programando actividades específicas, como asesorías, capacitación, exposiciones diversas sobre temas relativos a cada tema dentro de cada eje.
Se propuso probar los componentes del Parque Cultural (por ejemplo, la Fábrica de Cine o la Maquila del Arte) en escala micro, para irlos ubicando en la práctica. De manera paralela, comenzar el proceso de estudio y realización del Parque Cultural completo pero a largo plazo, para después ir anexando los componentes ya probados en espacios más pequeños.

2.      Asesoría legal, fondos disponibles, ley de cultura.
Propuesta: Designar un representante por eje, para mayor claridad en la organización del trabajo.
Estatuto legal: Sigue pendiente definir la figura jurídica más conveniente. Consejo, asociación de asociaciones civiles, asociación civil, fideicomiso... Es necesario contar con una figura legal (tipo A.C. de segundo piso) para acceder a recursos de SEDESOL o de organismos, insituciones o empresas internacionales, necesitamos investigar el tiempo mínimo de conformación que se requiere para los diversos fondos a los que se pueda tener acceso.
Revisar por internet el PDF “Construyendo tu organización en 16 pasos”.
Manlio ofreció invitar al Lic. Rafael Solórzano, para ofrecer una plática/asesoría legal. Invitación para plantear preguntas acerca de la figura jurídica que más favorece los objetivos del plan.
Por lo anterior, falta:
-          Realizar un “statement”, plantear misión, visión, objetivos del grupo y de cada eje.
-          Partir del trabajo en las mesas para formar subgrupos de temas. Redefinir los ejes, compartir la info en el blog, retrabajar el blog para hacerlo por secciones, mantener la discusión abierta en el blog.
-          Buscar la participación en Copladem, se invita a que de manera individual, con la perspectiva y los propósitos del grupo, se inscriban en Copladem para que oficialmente se nos invite a las reuniones mensuales y poder participar en las decisiones que se toman en materia de cultura para el Ayuntamiento de Tijuana.
-          Necesitamos establecer una estrategia para tener acercamiento a los regidores una vez pasadas las elecciones y conocido el alcalde electo.
-          Acercamientos con la IP: Asociaciones de comerciantes, cámaras; realizar presentaciones específicas, recopilación de datos.
-          Promover el foro organizado por el ICBC  entre los asistentes al Encuentro para motivar su participación, y tener representación en dicho evento.
-          Tarea de todos: Leer la Ley General de Cultura, consultarla por Internet. Algunos puntos relevantes: justificación de la separación de la cultura de la educación y propuesta de creación de la secretaria de cultura del estado de Baja California. Falta definición de leyes reglamentarias, más discusión sobre políticas culturales, por ejemplo, en que tribunal se exigen los derechos culturales. Una propuesta de trabajo por parte del grupo es trabajar el tema de la Carta Local de derechos culturales. Convenciones internacionales de derechos culturales.
-          Plantear estrategias de acuerdo a las coyunturas, en este momento es el foro de la Ley General de Cultura. Exhortar la participación, y asegurarse de contar con por lo menos un representante por eje en el foro convocado pro el ICBC para el 10 de julio, el primer requisito es registrar la ponencia antes del lunes 5 de julio.

3.      Resumen del evento: Cada mesa trabajará su minuta.
En el EJE 3: falta incluir el concepto “profesiograma”, el cual define el perfil de cada funcionario en una institución.

4.      Listados, base de datos. Claudia pasa los listados de participantes por mesa, para integrar los subgrupos de trabajo.

5.      Videos. No quedó definida una estrategia de trabajo para realizar los videos.

Se acordó convocar a todos los que asisitieron a la reunión del pasado viernes para reunirnos
el próximo sábado 3 de julio a las 3 pm en Segundo Mundo Calle 6a, entre Revolución y Constitución con el objetivo de preparar ponencias para presentar en el foro.
Requisitos:
Leer la convocatoria del ICBC
Leer la Ley General de Cultura que emitió el Senado de la República. Es la que debe ser enriquecida por la sociedad en cada uno de los estados para que el Congreso la apruebe y sea publicada como tal en el Diario Oficial de la Federación.
Presentar coincidencias entre los ejes, la convocatoria del ICBC y la Ley G C, para armar las ponencias.

Minuta eje 5 (25 de junio de 2010)

Minuta entregada por la mesa del eje 5 que reúne las opiniones y conclusiones a las que se llegaron durante el Encuentro el pasado viernes 25 de junio.

Minuta Eje 5
Parque Cultural Tijuana

  1. Ubicar el espacio preciso a utilizar o rescatar.
  2. Hacer un diagnóstico general de los procesos sociales y culturales ya existentes en las comunidades a las que el Parque se dirige. Ver qué es lo que espera la gente, si puede llegar en transporte público, etc.
  3. Definir las diferencias entre el Parque Cultural y los Centros Comunitarios Integrales (ver eje 1).
  4. Partir del diagnóstico para establecer objetivos y crear instituciones (o “infraestructura humana”, si entendemos el término “infraestructura” como un proceso más amplio, según sugirió Teddy Cruz al inicio del Encuentro) que entretejan los procesos culturales existentes con otros procesos culturales que podrían proponerse como nuevas necesidades y formas de vida sociales.
  5. Hacer una carpeta para el proyecto que reúna las ventajas económicas, sociopolíticas, urbanísticas, etcétera, para poder “vender” el proyecto a las instancias gubernamentales y a la iniciativa privada.
  6. Necesidad de redefinir la relación entre “cultura”, “público” y “consumo” para lograr dinámicas culturales efectivas.
  7. Elaboración de programas y estrategias para romper las brechas que separan “cultura” y “público” (brechas económicas, sociales, étnicas, culturales, etc.), especialmente en la propuesta que en el Plan se hace de la Maquila del Arte, para poder involucrar a las comunidades a procesos artísticos-culturales de una manera más efectiva, ya que el museo LAB arte contemporáneo San Diego tiene programas similares a la Maquila del Arte pero tienen problemas para involucrar al público. No es suficiente abrir el proceso sino incentivar la participación combatiendo aquellas brechas que separan al público o lo vuelven “pasivo”. Identificar aquellos procesos artísticos-culturales que se presten más a una relación de inclusión con la gente y considerar la disposición del artista a compartir sus procesos artísticos.
  8. Involucrar al artista a procesos comunitarios de manera constante y profunda, para evitar que el Parque sea sólo un espacio más de exposición para artistas ya consolidados.
  9. Fomentar el vínculo entre comunidades distanciadas geográficamente.
  10. Vincular a Ensenada y a Hermosillo como comunidades científicas para la Nave de la Ciencia.
  11. Hacer un inventario de qué es lo que tenemos y qué se hizo en relación al arte y la cultura (se sugirió abordar a Copladem). Recuento de las instituciones existentes.
  12. Vincular la investigación de Marina Osuna (en este eje y, en especial, en el eje 1: Centros Comunitarios Integrales) que arroja un inventario de todos los centros comunitarios existentes en Tijuana (210 en total) con un diagnóstico de sus programas y de su estado físico (la mayoría, nos dice, están en estados lamentables: picaderos, espacios rentados, etc.) que sirva como bagaje general de las estrategias efectivas y las erróneas en la creación/manutención de este tipo de lugares.
  13. Creación de la infraestructura “física” vinculando a las comunidades en el proceso de construcción para crear un sentido de pertenencia en la gente que permita una mayor interacción futura y que, por lo tanto, evite la construcción de “elefantes blancos” que después puedan ser vandalizados con facilidad (como en los casos investigados por Marina Osuna).
  14. Crear cultura de reciclaje en el proceso de la construcción (ya sea reutilizando materiales o remodelando espacios existentes abandonados o incautados), haciendo más redituable el proyecto.
  15. Dejar espacio a procesos culturales futuros que puedan acercarse por parte de la comunidad que no hayan sido previstos por las instituciones. Abrir convocatorias para la recepción de propuestas y proyectos y crear un Consejo Consultivo para la determinar selección y el modo de implementación de estos nuevos procesos culturales.
  16. Agregar las disciplinas de teatro, danza y música dentro del proyecto del Parque Cultural Tijuana, manteniendo un vínculo constante con centros artísticos de esta índole. Se pensó en un posible centro de Arte-acción que junte teatro, danza y performance, haciendo énfasis en los procesos y en la dinámica con la gente (happenings, tramoya falsa, caja negra, etc.). Asimismo, se sugirió sumar algunos otros procesos culturales, como el ambientalismo, la gastronomía, etc.
  17. Propiciar la creación de talleres que permitan que la gente adquiera algún oficio para crear auto-sustentabilidad e incentivar una posible canalización económica que mejore su estado de vida a través de la cultura.

Minuta eje 2 (25 de junio de 2010)

Minuta entregada por la mesa del eje 2 que reúne las opiniones y conclusiones a las que se llegaron durante el Encuentro el pasado viernes 25 de junio.

mesa dos.
sanacion cultural de espacio comunitario y publico.


presentacion de la dinamica.

se decido dirigirse a los puntos directamente, pasando el preambulo del eje.

punto uno.
         se estima la importancia de una trabajo interi stitucional.  se habla de la importancia de generar documetos que aborden las diferentes problematicas y la forma de aplicacion, de tal manera que pueda ser efecitva.
         se comenta sobre los medios de transporte.  se critica la idea de generar un sistema de transporte estadounidense

elizabeth./  habla sobre la importancia de reconsiderar las regulaciones publicas sobre la contaminacion visual.

elias./  problematiza la idea de cnsiderar un plan de trabajo a largo plazo.  a largo plzo
luis garzon. es necesario medir el nivel de contaminacion auditiva antes delegislar al respecto.  que tal alto es el nivel de decibeles.
ricardo.  la cuestion no es solo tener el nivel de decibeles, sino tomar en cuenta a manos de quien esta la responsabilidad de legislar.  estolo puede hacer mejor la sociedad civil, aunque actualmente hay limitantes sobre su participacion. la sociedad civil deberia suponer mas que nada particupacion actuva y no solo de consultoria.

retomar la ley de patrimonio cultural. por ignorancia o inaplicabilidad.

juango.. regularizar automoviles, engomar a los ya autorizados. 

perla.  es necesario arreglar los microproblemas que se preesntan en la ciduad, a nivel comunitario.. es neeario comenzar a trabajar en los espacios comunales, y tratar de relicar loque funcione y trasladarlo en otros espacios.  la idea es trabajar en comunidades donde hay un nivel medo alto de educacion y cultura e irla mltiplicando en otros espacios.

hay que trabajar desde lo civico, lo ciudadano. crear una policia ciudadana.  crear campanas que enamore al alcalde .-

mocion de orde po parte de beatriz

vanessa./ el factor permanente que existe en tijuana, la soiedad, es la que hay que tomar necuenta y no tanto mirar al estado y sus instituciones que lo representan.
es mas efectivo evidenciar un error que las sanciones pnitivas.   hay que pensar en otras estrategias, novedosas, creativas,en los que se puedan se;alar lo que se esta haciendo mal, que perjudica a la urbanidad y a la sociedad en general.

la propuesta es cultura, innovacion, factres que   se limitan al dinero solamente.  auque es necesario, no es el factor principal enla resolucion de problemas.

hay que plantear los proeyctos que iene c ada quien y sus propuestas, y despues tenemos que dar el seguimiento necesaio, porque si no toda buena intencion se queda en una propuesta solamente.  es imporatnte que haya quien lidero los proyectos que se presenten en la mesa.


         carmen.    la propuesta es creativa.   el castigo no funciona.

ricardo.  es neceario poner una policia ciudadana.  hay que pensar en un modelo que se repite constantemente y que funciona, que es el de ciudades como san diego, donde todos obedecen y viven en paz sin molestia.

se lee nuevamente el eje principal, que es el que dara articulacion a las ideas que se propongn. 

rene castillo./  considera que es ambigua la forma de considerar que es y que no es contaminacion, sobre todo auditiva.

miguel.

elias.. se tata de proponer y no imponer. 
elizabeth.-

nelly./  es mposible poner de acuerdo a toda la comunidad.  hay que proponer un codigo que regule.

rene./  reitera la necesidad de generar procesos participativos en las comunidades.

elizabeth./  en tijuana tenemos un nivel de tolerancia uy alto.  hay que generar niveles de tolerancia para cosas que no podremos cambiar.   hay que ensar enel individuo.  tutorear niveles de tolerancia./ 

perla./  la importante es la sensibilizacion.   es necesario definir cual es el primero.  esmuy imporatte la sensibilizacion.  ademas del mapeo es la apertura de ideas lo mas importante.

juanjo./  hay que definir cncretamente que es ruido y que no... hay que sensibilizarnos.  hay que hacer que la gente sea puntua.

elsa./  representante de bustamante del pri.  ex directora del imac.  hace falta cultura popular.  promover y fotalecer la cultura popular. 

miguel./

daniela./  lo que podemos hacer es sectorizar la ciudad y saber que cree qla gente en cada sector sobre los niveles de decibeles y que la comunidad decida.  es necesario renovar los espacios publicos e invitar a la gente a participar. 
dos acciones:  diagnostico sicutacional .  ir haciendo las cosas para tener mas incidencia.

oscar.
miguel nuevo..../  aislantes de sonido en las casa habitacion.
carmen../  la legislacion ya esta.  nohay que hacer otra.  hay que informar a la ciduadania para que sepa cual es la legislacion yq uien le puee apoyar por parte de la autoridad.  una de las metas debe ser el informar a a gente.. dnde esta y que es lo que se tiene que hacer.

es necesario tener una metodologia y compartir los conocimientos que tienen quienes saben hacer este proyecto.

augusto./  hay que contemplar que recursos tenemos disponibles y como poder gestionar los que hacen falta.  hay que trabajar con los medios masivos de comunicacion.  hay que tratar de poner el tema sobre la mesa.  hay que tomar encuenta que es la poblacion la que tiene que decidir que se hara.

oscar./  una buena solucion es el pan de buen vecino.  hace ublicidad visual. es una solucion.

gabriela.  la gente se va sumando.  no hay que vender al gobierno la idea. tiene que se ciudadano.  funciona si nsotros geeramos la acicon primero y que despues el gobieno apoye.

elizabeth./  es necesario la reforma electoral.  apoyar iniciativas que apoyen la educacion en inteligencia emocional.  a traves de instancias no gubernamnetales.  la cultura no la hace el gobierno o las instituciones.  la cultura se hace desde el pueblo.  empatia.  hay que educarnos en empatia como un valor. 

neli./  hay que apostarle a los ni;os y a las escuelas. 
elias.   si podemos influencias a los adultos.  no hay que ignorarlos.

REGULAR LOS ANUNCIOS VISUALES./

toda iniciativa de la ciudadania tiene que ser reforzada por las acciones de gobierno.  
no se puede dejar de la do el gobierno. 
perla./  es importante considerar r qiuenes no estan representados en la mesa de trabajo.  hay que invitar a la sociedad en general.  ir desarrollando una propuesta general e irla desarrollando

CIUDAD SIN  LIMPIEZA./


RECLICLAJE./



TRABAJAR CON LA IMAGEN DE LAS AUTORIDADES./




RESCATE DE AREAS VERDES./

es necesario rescatar nuestras areas verdes.  es necesario crear conciencia de que tenemos el derecho sd eexigir.    hay una corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadania.

hay que quitar todas la propaganda politica de los partidos politicos.  es lo que mas contamina la ciudad. 

gabriela./  tres propuestas.  proponer que se comprometan a limpiar sus muros de blanco o con frases pro positivas.
reforestar todo tijuana. 
plan del buen vecino.  reconstruir el tejido social.  forma de organizarnos con nuestros vecinos y pedir el apoyo al gobierno.

reciclar.  no hay donde tirar la basura.  retomar ya las iniciativas que existen y que se multipliquen. 

daniela.  desarrollo iguala evolucion... igual a cambio.. igual a miedo. 
hay que usar los espacios comunitarios e invitar a los vecinos a participar.   participacion ciudadana. abrir los espacios comunitarios. 

silker... existe una partida prsupuestal... recuperacion de espacios publicos.  el dinero que se destino a esta partida abarca presupuesto para otros ambitos.  poder monitorear, observar y solicitar diferentes proyectos para cada palna
forestacion,./  sirve como barrera fonica.  darle un doble uso. 
luisito./  respecto a la contaminacion auditiva ya exiten investigaciones en medicina. y que retomarlas para no volver a repetir un trabajo ha hecho.// 



CONCLUSIONES.

dos formas de conceptualizar los problemas y las alternativas:  desde la posibilidad normativa (utilizar las legislaciones, aparatos e instituciones ya existentes para normativizar la convivencia social).

el servicio de transporte publico es necesario ser reformado.  los propietarios, privados, son quienes tienen la obligacion de responder a la problemativa que ocasiona, por ejemplo, la contaminacion bisual y la congtaminacion auditiva, entre otros aspectos que hay que corregir.


por otro lado, la participacion ciudadana.  es importante implicar a la ciduadania en los movimientos que se gesten desde las iniciativas en cultura ciudadana.  (contruccion de ciudadania).

propuestas concretas> utulizar los servicios y rescatar los proyectos que ya existen.  realizar un diagnostico comunitario para conocer a profundidas y de raiz las problematicas sociales que se tienen que abordar.
implicar y obligar al gobienro para que responda en su papel legislagtivo. 
los programas de cultura no deberian de suponer un periodo de tiempo predeterminado, sino un desarrollo pregresivo y dinamico a lo largo del tiempo, sin importar quien este a cargo de la responsabilidad gubernamental.


Morelia regulará contaminación auditiva

La tarea que contempla el segundo eje del Plan de Cultura para Tijuana ya se implementó en Morelia:

Morelia regulará contaminación auditiva


El objetivo es controlar la contaminación auditiva, derivada de los ruidos susceptibles de alterar la salud, el orden y la tranquilidad de los ciudadanos

El Ayuntamiento de Morelia normará la contaminación auditiva, tanto de la vía pública, como de casas-habitación y negocios establecidos, informó el regidor Francisco Lara.

Refirió que el objetivo es controlar la contaminación auditiva, derivada de los ruidos susceptibles de alterar la salud, el orden y la tranquilidad de los ciudadanos.

En lo que se refiere a los domicilios particulares, el reglamento que se está conformando establece que los aparatos radio receptores, televisores, tocadiscos, modulares y estéreos sean tocados con moderación y a una intensidad que no ocasione molestias a los vecinos, sugiriendo un máximo de 40 decibeles.

Para los establecimientos comerciales que se promocionen a sí mismos con bocinas, equipos de sonido, grabadoras, entre otros, no podrán hacerlo hacia el exterior de su local, sin exceder un máximo de 40 decibeles hacia el exterior.

Además, se sujetarán al horario que para el caso de funcionamiento señala el Reglamento de Establecimientos, Mercantiles Industriales y de Servicios de Morelia.

El regidor aseguró que esto representa un primer esfuerzo para disminuir la contaminación auditiva en la capital michoacana, y expuso que quienes incumplan con estas disposiciones se harán merecedores a sanciones administrativas y económicas que están por definirse.

Fotografías del Encuentro Ciudadano para la Cultura en Tijuana

Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad

Fuente

Foro Social de las Américas – Quito – Julio 2004
Foro Mundial Urbano - Barcelona – Octubre 2004
Foro Social Mundial – Porto Alegre - Enero 2005
Revisión previa a Barcelona – Septiembre 2005

PREÁMBULO

Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades. Según las previsiones, en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. El modo de vida urbano influye sobre el modo en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio.

Sin embargo, en sentido contrario a tales potencialidades, los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países empobrecidos se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales.

Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Contribuyen a ello las políticas públicas, que al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana. Graves consecuencias de esto son los desalojos masivos, la segregación y el consecuente deterioro de la convivencia social.

Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas que, pese a su significado social y político, son aún fragmentadas e incapaces de producir cambios trascendentes en el modelo de desarrollo vigente.

Frente a esta realidad, y la necesidad de contrarrestar sus tendencias organizaciones y movimientos urbanos articulados desde el I Foro Social Mundial (2001), han discutido y asumido el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Desde entonces, un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables, están construyendo una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en nuestras ciudades.

El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos,

En la ciudad y su entorno rural, la correlación entre estos derechos y la necesaria contrapartida de deberes es exigible de acuerdo a las diferentes responsabilidades y situaciones socio-económicas de sus habitantes, como forma de promover la justa distribución de los beneficios y responsabilidades resultantes del proceso de urbanización; el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad; la distribución de la renta urbana y la democratización del acceso a la tierra y a los servicios públicos para todos los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.

Por su origen y significado social, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad es, ante todo, un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas. Está llamada a constituirse en plataforma capaz de articular los esfuerzos de todos aquellos actores – públicos, sociales y privados – interesados en darle plena vigencia y efectividad a este nuevo derecho humano mediante su promoción, reconocimiento legal, implementación, regulación y puesta en práctica.


Parte I – Disposiciones Generales

ARTICULO I. DERECHO A LA CIUDAD
1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta Carta.
2. El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.
Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y la cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes.
El territorio de las ciudades y su entorno rural es también espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Por eso el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural.
3. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes.
4. A los efectos de esta Carta, el concepto de ciudad tiene dos acepciones. Por su carácter físico, la ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano como el entorno rural o semirural que forma parte de su territorio. Como espacio político, la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general.
5. A los efectos de esta Carta se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habitan de forma permanente o transitoria en las ciudades.
6. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, deben adoptar todas las medidas necesarias -hasta el máximo de los recursos que dispongan- para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados y con la adopción de medidas legislativas y normativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, las ciudades, con arreglo a su marco legislativo y a los tratados internacionales, deben dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter para hacer efectivos en ellas los derechos civiles y políticos recogidos en esta Carta.


ARTICULO II. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DEL DERECHO A LA CIUDAD

1. EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANIA Y GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD:
1.1. Las ciudades deben ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia. Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social y ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad.
1.2. Todas las personas tienen el derecho de participar a través de formas directas y representativas en la elaboración, definición, implementación y fiscalización de las políticas públicas y del presupuesto municipal de las ciudades, para fortalecer la transparencia, eficacia y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones populares.

2. FUNCION SOCIAL DE LA CIUDAD Y DE LA PROPIEDAD URBANA:
2.1. Como fin principal, la ciudad debe ejercer una función social, garantizando a todos sus habitantes el usufructo pleno de los recursos que la misma ciudad ofrece. Es decir, debe asumir la realización de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su conjunto, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica, para garantizar el bienestar de todos y todas los(as) habitantes, en armonía con la naturaleza, para hoy y para las futuras generaciones.
2.2. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los(as) ciudadanos(as) deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) ciudadanos(as) tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de las políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio y el suelo urbano, en condiciones seguras y con equidad entre los géneros.
2.3 Las ciudades deben promulgar la legislación adecuada y establecer mecanismos y sanciones destinados a garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de los inmuebles públicos y privados no edificados, no utilizados, subutilizados o no ocupados, para el cumplimiento de la función social de la propiedad.
2.4 En la formulación e implementación de las políticas urbanas debe prevalecer el interés social y cultural colectivo por encima del derecho individual de propiedad y los intereses especulativos.
2.5. Las ciudades deben inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización y la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano, equitativo y sustentable. Las rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la inversión pública, - actualmente capturadas por empresas inmobiliarias y particulares -, deben gestionarse en favor de programas sociales que garanticen el derecho a la vivienda y a una vida digna a los sectores que habitan en condiciones precarias y en situación de riesgo.

3. IGUALDAD, NO-DISCRIMINACIÓN:
3.1 Los derechos enunciados en esta Carta deben ser garantizados para todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en las ciudades sin discriminación alguna.
3.2 Las ciudades deben asumir los compromisos adquiridos sobre la implementación de políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades para las mujeres en las ciudades, expresados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), y en las conferencias de Medio Ambiente (1992), Beijing (1995) y Hábitat II (1996), entre otras. Para ello, se deben asignar los recursos necesarios de los presupuestos gubernamentales para la efectividad de dichas políticas y establecer mecanismos e indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su cumplimiento en el tiempo.

4. PROTECCIÓN ESPECIAL DE GRUPOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
4.1 Los grupos y personas en situación vulnerable tienen derecho a medidas especiales de protección e integración, de distribución de los recursos, de acceso a los servicios esenciales y de no-discriminación. A los efectos de esta Carta se consideran vulnerables a: personas y grupos en situación de pobreza, en riesgo ambiental (amenazados por desastres naturales), víctimas de violencia, con discapacidad, migrantes forzados, refugiados y todo grupo que, según la realidad de cada ciudad, esté en situación de desventaja respecto al resto de los habitantes. En estos grupos, a su vez, serán objeto prioritario de atención las personas mayores, las mujeres, en especial las jefas de hogar, y los(as) niños(as).
4.2 Las ciudades, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, deben suprimir los obstáculos de orden político, económico, social y cultural que limiten la libertad, equidad e igualdad de los(as) ciudadanos(as) e impidan el pleno desarrollo de la persona humana y su efectiva participación política, económica, social y cultural en la ciudad.

5. COMPROMISO SOCIAL DEL SECTOR PRIVADO:
5.1 Las ciudades deben promover que los agentes del sector privado participen en programas sociales y emprendimientos económicos con la finalidad de desarrollar la solidaridad y la plena igualdad entre los habitantes, de acuerdo con los principios rectores que fundamentan esta Carta.

6. IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y POLÍTICAS IMPOSITIVAS PROGRESIVAS:
Las ciudades deben promover y valorar las condiciones políticas y económicas necesarias para garantizar programas de economía solidaria y sistemas impositivos progresivos que aseguren una justa distribución de los recursos y los fondos necesarios para la implementación de las políticas sociales.

Parte II. Derechos relativos al ejercicio de la Ciudadanía y a la participación en la Planificación, Producción y Gestión de la Ciudad


ARTÍCULO III. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CIUDAD
1. Las ciudades deben abrir cauces y espacios institucionalizados para la participación amplia, directa, equitativa y democrática de los(as) ciudadanos(as) en el proceso de planificación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de políticas y presupuestos públicos. Se debe garantizar el funcionamiento de órganos colegiados, audiencias, conferencias, consultas y debates públicos, así como permitir y reconocer los procesos iniciativa popular en la proposición de proyectos de ley y de planes de desarrollo urbano.

2. Las ciudades, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, deben formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
3. Las ciudades, para salvaguardar el principio de transparencia, deben organizar la estructura administrativa de modo que garantice la efectiva responsabilidad de sus gobernantes frente a los(as) ciudadanos(as), así como la responsabilidad de la administración municipal ante los demás niveles de gobierno y los organismos e instancias regionales e internacionales de derechos humanos.


ARTÍCULO IV. PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HABITAT
Las ciudades deben establecer mecanismos institucionales y desarrollar los instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, programáticos, fiscales, tecnológicos y de capacitación necesarios para apoyar las diversas modalidades de producción social del hábitat y la vivienda, con especial atención a los procesos autogestionarios, tanto individuales y familiares como colectivos organizados.


ARTÍCULO V. DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE
1. Las ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; que impida la segregación y la exclusión territorial; que priorice la producción social del hábitat y garantice la función social de la ciudad y de la propiedad. Para ello, las ciudades deben adoptar medidas que conduzcan a una ciudad integrada y equitativa.
2. La planificación de la ciudad y los programas y proyectos sectoriales deberán integrar el tema de la seguridad urbana como un atributo del espacio público.


ARTÍCULO VI. DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna respecto a la actividad administrativa y financiera de cualquier órgano perteneciente a la administración de la ciudad, del poder legislativo y del judicial, y de las empresas y sociedades privadas o mixtas que presten servicios públicos.
2. Los funcionarios del gobierno de la ciudad o del sector privado deben producir la información requerida de su área de competencia en un tiempo mínimo si no cuentan con ella en el momento de efectuarse el pedido. El único límite al acceso a la información pública es el respeto al derecho de las personas a la intimidad.
3. Las ciudades deben garantizar mecanismos para que todas las personas accedan a una información pública eficaz y transparente. Para ello deberán promover el acceso de todos sectores de la población a las nuevas tecnologías de la información, su aprendizaje y actualización periódica.
4. Toda persona o grupo organizado, y muy especialmente quienes auto producen su vivienda y otros componentes del hábitat, tiene derecho a obtener información sobre la disponibilidad y ubicación de suelo adecuado, los programas habitacionales que se desarrollan en la ciudad y los instrumentos de apoyo disponibles.


ARTÍCULO VII. LIBERTAD E INTEGRIDAD
Todas las personas tienen derecho a la libertad y a la integridad, tanto física como espiritual. Las ciudades deben comprometerse a establecer garantías de protección que aseguren que esos derechos no sean violados por individuos o instituciones de cualquier naturaleza.


ARTÍCULO VIII. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
1. Todos(as) los(as) ciudadanos(as), tienen derecho a la participación en la vida política local mediante la elección libre y democrática de los representantes locales, así como en todas las decisiones que afecten las políticas locales de planificación, producción, renovación, mejoramiento y gestión de la ciudad.
2. Las ciudades deben garantizar el derecho a elecciones libres y democráticas de los representantes locales, la realización de plebiscitos e iniciativas legislativas populares y el acceso equitativo a los debates y audiencias públicas sobre los temas relativos a la ciudad.
3. Las ciudades deben implementar políticas afirmativas de cuotas para la representación y participación política de las mujeres y minorías en todas las instancias locales electivas y de definición de sus políticas públicas, presupuestos y programas.


ARTICULO IX. DERECHO DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN, MANIFESTACIÓN Y USO DEMOCRÁTICO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO
Todas las personas tienen derecho de asociación, reunión y manifestación. Las ciudades deben disponer y garantizar espacios públicos para ese efecto.


ARTICULO X. DERECHO A LA JUSTICIA
1. Las ciudades deben adoptar medidas destinadas a mejorar el acceso de todas las personas al derecho y la justicia.
2. Las ciudades deben fomentar la resolución de los conflictos civiles, penales, administrativos y laborales mediante la implementación de mecanismos públicos de conciliación, transacción, mediación y arbitraje.
3. Las ciudades deben garantizar el acceso al servicio de justicia estableciendo políticas especiales en favor de los grupos vulnerables de la población y fortaleciendo los sistemas de defensa pública gratuita.


ARTÍCULO XI. DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA CONVIVENCIA PACIFICA, SOLIDARIA Y MULTICULTURAL
1. Las ciudades deben crear condiciones para la seguridad pública, la convivencia pacifica, el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad. Para ello deben garantizar el pleno usufructo de la ciudad, respetando la diversidad y preservando la memoria e identidad cultural de todos los(as) ciudadanos(as) sin discriminación alguna.
2. Las fuerzas de seguridad tienen entre sus principales misiones el respeto y la protección de los derechos de los(as) ciudadanos(as). Las ciudades deben garantizar que las fuerzas de seguridad bajo su mando apliquen el uso de la fuerza estrictamente bajo las previsiones de la ley y bajo control democrático.
3. Las ciudades deben garantizar la participación de todos(as) los(as) ciudadanos(as) en el control y evaluación de las fuerzas de seguridad.



Parte III. Derechos al Desarrollo Económico, Social, Cultural y Ambiental de la Ciudad

ARTICULO XII. DERECHO AL AGUA, AL ACCESO Y SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y URBANOS
1. Las ciudades deben garantizar a todos(as) los(as) ciudadanos(as) el acceso permanente a los servicios públicos de agua potable, saneamiento, remoción de basura, fuentes de energía y telecomunicaciones, así como a los equipamientos de salud, educación, abasto y recreación, en corresponsabilidad con otros organismos públicos o privados, de acuerdo al marco jurídico del derecho internacional y de cada país.
2. Las ciudades deben garantizar -aun cuando se haya privatizado la gestión de los servicios públicos con anterioridad a la suscripción de esta Carta- tarifas sociales asequibles y un servicio, adecuado para todos, especialmente para las personas y grupos vulnerables o sin empleo.
3. Las ciudades se comprometen a garantizar que los servicios públicos dependan del nivel administrativo más próximo a la población, con participación de los(as) ciudadanos(as) en su gestión y fiscalización. Éstos deberán estar bajo un régimen jurídico de bienes públicos, impidiendo su privatización.
4. Las ciudades establecerán sistemas de control social de la calidad de los servicios de las empresas prestatarias de servicios, públicas o privadas, en especial en lo relativo al control de su calidad, la determinación de las tarifas y la atención al público.


ARTÍCULO XIII. DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA MOVILIDAD URBANA
1. Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema de transportes públicos accesibles, a precio razonable y adecuados a las diferentes necesidades ambientales y sociales (de género, edad y discapacidad)
2. Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y se establecerán áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para ciertos momentos del día.
3. Las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las edificaciones públicas o de uso público y los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.


ARTÍCULO XIV. DERECHO A LA VIVIENDA
1. Las ciudades, en el marco de sus competencias, deben adoptar medidas para garantizar a todos(as) los(as) ciudadanos(as) que los gastos de vivienda sean soportables de acuerdo a sus ingresos; que las viviendas reúnan condiciones de habitabilidad, que estén ubicadas en un lugar adecuado y se adapten a las características culturales y étnicas de quienes las habitan.
2. Las ciudades deben facilitar una oferta adecuada de vivienda y equipamientos urbanos para todos(as) los(as) ciudadanos(as) y establecer programas de subsidio y financiamiento para la adquisición de tierras e inmuebles, de regularización de la tenencia del suelo y de mejoramiento de barrios precarios y ocupaciones informales.
3. Las ciudades deben garantizar a los grupos vulnerables prioridad en las leyes, las políticas y los programas habitacionales y asegurar financiamiento y servicios destinados a la infancia y la vejez.
4. Las ciudades deben incluir a las mujeres en los documentos de posesión y propiedad expedidos y registrados, independientemente de su estado civil, en todas las políticas públicas de distribución y titulación de tierras y viviendas que se desarrollen.
5. Las ciudades deben promover la instalación de albergues y viviendas sociales de alquiler para mujeres víctimas de violencia familiar.
6. Todos(as) los(as) ciudadanos(as), en forma individual, en pareja o en grupo familiar sin hogar tienen derecho a exigir de las autoridades la efectiva implementación del derecho a la vivienda adecuada de forma progresiva y mediante aplicación de todos los recursos disponibles. Los albergues, los refugios y el alojamiento de cama y desayuno podrán ser adoptados como medidas provisorias de emergencia, sin perjuicio de la obligación de proveer una solución de vivienda definitiva.
7. Toda persona tiene derecho a la seguridad de tenencia de su vivienda por medio de instrumentos jurídicos que la garanticen y derecho a protección frente a desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados o arbitrarios. Las ciudades deben proteger a los inquilinos de la usura y los desalojos arbitrarios, regulando los alquileres de inmuebles para habitación de acuerdo a la Observación General Nº 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.
8. Las ciudades deben reconocer como interlocutores directos a las organizaciones y movimientos sociales que reivindican y trabajan por hacer efectivos los derechos vinculados a la vivienda contenidos en esta carta. Muy especial atención, impulso y apoyo deberán dar a las organizaciones de personas vulnerables y en situación de exclusión, garantizando en todos los casos la preservación de su autonomía.
9. El presente artículo será aplicable a todas las personas, incluyendo familias, grupos, ocupantes sin títulos, sin techo y a aquellas personas o grupos de personas cuyas circunstancias de vivienda varían, en particular los nómadas, los viajeros y los romaníes.


ARTÍCULO XV. DERECHO AL TRABAJO
1. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, deben contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la consecución del pleno empleo en la ciudad. Asimismo, deben promover la actualización y la recalificación de los trabajadores, empleados o no, a través de la formación permanente.
2. Las ciudades deben promover la creación de condiciones para combatir el trabajo infantil para que los niños y las niñas puedan disfrutar de la infancia y acceder a la educación.
3. Las ciudades, en colaboración con las demás administraciones públicas y las empresas, deben desarrollar mecanismos para asegurar la igualdad de todos ante el trabajo, impidiendo cualquier discriminación.
4. Las ciudades deben promover el igual acceso de las mujeres al trabajo mediante la creación de guarderías y otras medidas, así como de las personas discapacitadas mediante la implementación de equipamientos apropiados. Para mejorar las condiciones de empleo, las ciudades deben establecer programas de mejora de las viviendas urbanas utilizadas por las mujeres jefas de familia y grupos vulnerables como espacios de trabajo. Las ciudades deben promover la integración progresiva del comercio informal que realizan las personas de bajos ingresos o desempleadas, evitando su eliminación y la represión hacia los comerciantes informales. También dispondrán espacios acondicionados para el comercio informal y políticas adecuadas para su incorporación en la economía urbana.


ARTICULO XVI. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE
1. Las ciudades deben adoptar medidas de prevención frente a la contaminación y ocupación desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental, incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, recuperación de vertientes, y ampliación y protección de los espacios verdes.
2. Las ciudades deben respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico y promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientos urbanos.

Parte IV. Disposiciones Finales


ARTICULO XVII. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTADO EN LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD
1. Los organismos internacionales, gobiernos nacionales, provinciales, regionales, metropolitanos, municipales y locales son actores responsables de la efectiva aplicación y defensa de los derechos previstos en esta Carta, así como de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales para todos(as) los(as) ciudadanos(as) en las ciudades, con base en el sistema internacional de derechos humanos y el sistema de competencias vigente en el respectivo país.
2. La no implementación de los derechos previstos en esta Carta, o su aplicación en desacuerdo con sus principios y directrices rectoras o con las normas internacionales y nacionales de derechos humanos vigentes en el país, por los gobiernos responsables, concurrirá en violación al Derecho a la Ciudad que solamente podrá corregirse mediante la implementación de las medidas necesarias para la reparación/reversión del acto o de la omisión que le dieron causa. Esas medidas deberán asegurar que los efectos negativos o daños derivados sean reparados/revertidos de forma tal que se garantice a los(as) ciudadanos(as) la efectiva promoción, respeto, protección y realización de los derechos humanos previstos en esta Carta.


ARTICULO XVIII. MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD
1. Las ciudades deben adoptar todas las medidas normativas necesarias, de forma adecuada e inmediata, para asegurar el Derecho a la Ciudad de todas las personas, conforme a lo dispuesto por esta Carta. Las Ciudades deben garantizar la participación de los(as) ciudadanos(as) y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de revisión normativa. Las ciudades están obligadas a utilizar hasta el máximo de sus recursos disponibles para cumplir las obligaciones jurídicas establecidas en esta Carta.
2. Las ciudades deben proporcionar capacitación y educación en derechos humanos a todos los agentes públicos relacionados con la implementación del Derecho a la Ciudad y con las obligaciones correspondientes, en especial a los funcionarios empleados por los órganos públicos cuyas políticas influyan de alguna manera en la plena realización del Derecho a la Ciudad.
3. Las ciudades deben promover la enseñanza y socialización del Derecho a la Ciudad en los centros educativos, universidades y medios de comunicación.
4. Las ciudades deben establecer, conjuntamente con los habitantes, mecanismos de evaluación y monitoreo mediante un sistema eficaz de indicadores del derecho a la ciudad, con diferenciación de géneros, para asegurar el Derecho a la Ciudad con base en los principios y normas de esta Carta.
5. Las ciudades deben supervisar y evaluar con regularidad y globalmente el grado en que se respetan las obligaciones y los derechos de la presente Carta.


ARTICULO XIX. LESIÓN AL DERECHO A LA CIUDAD
1. Constituyen lesión al Derecho a la Ciudad las acciones y omisiones, medidas legislativas, administrativas y judiciales y prácticas sociales que resulten en el impedimento, recusación, dificultad e imposibilidad de:
- realización de los derechos establecidos en esta Carta;
- participación política colectiva de habitantes, mujeres y grupos sociales en la gestión de la ciudad;
- cumplimiento de las decisiones y prioridades definidas en los procesos participativos que integran la gestión de la ciudad;
- manutención de las identidades culturales, formas de convivencia pacífica, producción social del hábitat, así como las formas de manifestación y acción de los grupos sociales y ciudadanos(as), en especial los vulnerables y desfavorecidos, con base en sus usos y costumbres
2. Las acciones y omisiones pueden expresarse en el campo administrativo, por la elaboración y ejecución de proyectos, programas y planes; en la esfera legislativa, a través de la edición de leyes, control de los recursos públicos y acciones del gobierno; en la esfera judicial, en los juicios y decisiones sobre conflictos colectivos y difusos referentes a temas de interés urbano.


ARTICULO XX. EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA CIUDAD
Toda persona tiene derecho al acceso y uso de recursos administrativos y judiciales eficaces y completos relacionados con los derechos y deberes enunciados en la presente Carta, incluido el no disfrute de tales derechos.


ARTICULO XXI. COMPROMISOS CON LA CARTA POR EL DERECHO A LA CIUDAD
I - Las redes y organizaciones sociales se comprometen a:
1. Difundir ampliamente esta Carta y potenciar la articulación internacional por el Derecho a la Ciudad en el contexto del Foro Social Mundial, así como en otras conferencias y foros internacionales, con el objetivo de contribuir al avance de la lucha de los movimientos sociales y de las redes de ONG en la construcción de una vida digna en las ciudades;
2. Construir plataformas de exigibilidad del Derecho a la Ciudad; documentar y diseminar experiencias nacionales y locales que apunten a la construcción de este derecho;
3. Presentar esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad a los distintos organismos y agencias del Sistema de las Naciones Unidas y de los Organismos Internacionales Regionales para iniciar un proceso que tenga como objetivo el reconocimiento del Derecho a la Ciudad como un derecho humano.

II - Los Gobiernos nacionales y locales se comprometen a:
1. Elaborar y promover marcos institucionales que consagren el Derecho a la Ciudad, así como a formular, con carácter de urgencia, planes de acción para un modelo de desarrollo sustentable aplicado a las ciudades, en concordancia con los principios enunciados en esta Carta;
2. Construir plataformas asociativas, con amplia participación de la sociedad civil, para promover el desarrollo sustentable en las ciudades;
3. Promover la ratificación y aplicación de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales y regionales que contribuyan a la construcción del Derecho a la Ciudad.

III- Los Parlamentarios se comprometen a:
1. Promover consultas ciudadanas y realizar actividades de cabildeo con el objeto de enriquecer los contenidos del derecho a la ciudad e impulsar su reconocimiento y adopción por las instancias internacionales y regionales de derechos humanos y por los gobiernos nacionales y locales.
2. Elaborar y aprobar leyes que reconozcan y consagren el derecho humano a la ciudad, en concordancia con lo enunciado en esta carta y con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
3. Adecuar el marco legal nacional y local incorporando las obligaciones internacionales asumidas por los Estados en materia de derechos humanos, con especial atención en aquellos contenidos en esta carta.

IV- Los organismos internacionales se comprometen a:
1. Emprender todos los esfuerzos para sensibilizar, estimular y apoyar a los gobiernos en la promoción de campañas, seminarios y conferencias, así como a facilitar publicaciones técnicas apropiadas que conduzcan a su adhesión a los compromisos de esta Carta;
2. Monitorear y promover la aplicación de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales y regionales que contribuyan a la construcción del derecho a la ciudad;
3. Abrir espacios de participación en los organismos consultivos y decisorios del Sistema de Naciones Unidas que faciliten la discusión de esta iniciativa.


Se invita a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, parlamentarios y organismos internacionales a participar activamente en el ámbito local, nacional, regional y global en el proceso de integración, adopción, difusión e implementación de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad como uno de los paradigmas de que un mundo mejor es posible en este milenio.

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